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La Democracia Directa impulsada por Zelaya ha tenido la virtud de desenmascarar ideologías embozadas de individuos y grupos que han estado arropados y protegidos por una democracia representativa, clasista y excluyente, redactada a su imagen y semejanza. De pronto los que ha estado modificando y violando la Constitución de la República hacia el antojo de sus intereses económico institucionales y partidistas se han vuelto fieles, activos y hasta furibundos defensores del estatus quo. Aparejada a esa defensa han desenrollado una estrategia de ataques y ofensa en contra del Presidente y su equipo de trabajo, con la colaboración taxativa de los medios de comunicación, para tratar de convencer al pueblo de que este gobierno es lo que no es.
Las banderas enarboladas tienen que ver con falacias fácilmente rebatibles. Las más importantes son las siguientes:
-La propuesta de Democracia Directa mediante la encuesta y la cuarta urna por parte del Presidente Zelaya se debe a que éste quiere reelegirse y continuar indefinidamente en el poder.
El Presidente Zelaya ha dicho y asegurado reiteradamente que el día 27 de enero del año 2010 va a entregar la presidencia de la república a su legítimo sucesor, elegido entre los candidatos inscritos, en los comicios de noviembre próximo.
-La propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya es ilegal.
Los más connotados juristas del país han demostrado que una encuesta acerca de la participación popular en relación a la instalación de una cuarta urna durante los comicios presidenciales, de diputados y alcaldes para que la ciudadanía pueda decidir si se llama a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución actualizada conforme a los retos del siglo XXI y con la participación de todos los sectores sociales de la nación es, además de genuina, legal.
-La propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya tiene como objetivo eliminar a los partidos políticos constituidos.
Eso no puede ser así por la sencilla razón de que son esos mismos partidos políticos los que están participando con sus candidatos en la justa electoral de noviembre próximo y la encuesta del 28 de junio no tiene que ver con partido alguno sino con la opinión de la ciudadanía.
-La propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya divide a los poderes del Estado.
Las dirigencias de los poderes del Estado correspondientes al Legislativo y al Judicial han tomado partido contra la propuesta del presidente Zelaya como si esta propuesta representara en su conjunto al poder Ejecutivo el que, tanto en su estructura como en sus ejecutorias estás funcionando de manera normal, con el presupuesto del 2008, lo mismo que los otros poderes del estado. La propuesta de Democracia Directa es una iniciativa progresista y necesaria por parte del presidente Zelaya.
-La propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya divide a la sociedad hondureña.
Por lo contrario, la propuesta sugiere la inmediata participación activa en la toma de sus propias decisiones por parte de la gran mayoría del pueblo hondureño que ha estado excluido por una minoría enquistada en poderes económicos, sociales y políticos fácticos, amparados por una constitución redactada conforme a sus intereses.
Para todas estas banderas, fácilmente arriables, la institucionalidad privilegiada ha estado utilizando todo tipo de amenazas que incluyen la formulación pública, desde sus medios de comunicación, de atentados contra la vida del mandatario, peticiones de golpe de estado, inhabilitaciones, etc., sin que hasta este momento la ciudadanía se haya hecho eco de tales campañas.
Según el latino barómetro, que mide la percepción y aceptación que los ciudadanos tienen acerca de la democracia, en Honduras, y debido a la naturaleza actual del sistema, hay una severa crisis que se ve reflejada en la certeza de que apenas el 2% de la ciudadanía confía en los políticos, de cuyos partidos ya no queda nada de credibilidad. Después de 30 años de haberse instalado la democracia electoral o formal se hace absolutamente necesario profundizar y mejorar la naturaleza de la democracia. En los inicios de un nuevo milenio, la población exige una democracia participativa, mucho más incluyente; una democracia superior en la que el pueblo deba ser consultado en forma permanente sobre aquellos temas que van han estado y que van a afectar sus vidas.
Esto sólo es posible mediante un sistema político que incluya mecanismos de democracia directa que devuelvan el poder soberano y que haga valedera la máxima universal de que la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; exactamente como su etimología lo prescribe: “Demos: Pueblo. Kratos: Poder”.
LA PROPUESTA DE DEMOCRACIA DIRECTA NO ES DESCONOCIDA EN EL MUNDO ACTUAL
El proceso que la propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya ha impulsado ya se dio y existe en países avanzados, civilizados y democráticos. En Europa y EE.UU., a partir de los noventa. En Latinoamérica: Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela y Paraguay se han dado plenamente las condiciones para que suceda; y en Honduras, la propuesta del Presidente ya ha pasado a convertirse en una verdadera y genuina aspiración de miles de hondureños y hondureñas que quieren ser tomados en cuenta, que exigen que se les consulte y que quieren decidir en un sistema verdaderamente democrático las vías que conducen a un destino de desarrollo y equidad. En suma, que haya y se permita una patria para todos.
En muchos de estos países el cambio no sólo ha sido difícil sino dramático y a veces también violento. Eso ha sido el resultado de una oposición cerril y terca de los grupos privilegiados que a toda costa están opuestos a los procesos de profundización, actualización y modernización de la democracia. En esos procesos, sin embargo, han quedado en el camino no sólo los grupos, sino los políticos tradicionales y los partidos políticos que no han sabido interpretar esta aspiración de su pueblo y no han tenido la visión de colocarse al frente y liderar con valentía estos procesos de cambio y de transformación.
En todos esos países los enemigos de hacer avanzar a la democracia y de darle participación y poder de decisión a los ciudadanos han pertenecido siempre a estamentos ultraconservadores; los enemigos del cambio ha sido los grupos de poder que se han beneficiado y enriquecido de los recursos y los beneficios del estado y han usufructuado las instituciones a su conveniencia absoluta, manteniendo sus privilegios a la sombra de la constitución y mediante un sistema político formalista, cerrado y excluyente.
Con esa sola razón bastaría para que la propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya, mediante la encuesta del 28 de junio y la implementación de la cuarta urna sea un derecho del pueblo hondureño; para que sea de manera fehaciente una exigencia de los ciudadanos y una forma de llevar a la práctica el ejercicio de los derechos constitucionales de participación ciudadana, de los derechos políticos, de la libre expresión del pensamiento, la libertad de expresión y sobre todo el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo, que es el que da fundamento al sistema democrático de derecho y fuente del cual emanan todos los poderes del estado.
El gobierno de la república ha hecho una propuesta para realizar una encuesta de opinión el próximo domingo 28 de junio, para que el pueblo decida si quiere que se instale una cuarta urna en el próximo proceso electoral de noviembre, además de elegir a un nuevo presidente, a diputados y alcaldes. Tan simple es la propuesta que brilla por su legalidad y sencillez.
Mediante la encuesta el pueblo también decidirá si quiere que se instale una asamblea nacional constituyente para que se dicte una nueva constitución política que nos permita avanzar como sociedad hacia una democracia superior, incluyente y participativa.
Como puede verse, la propuesta no tiene doblez alguno. No se quiere un camino de violencia y confrontación, como el que se está incitando diariamente desde los medios de comunicación convertidos en poder fáctico impune e inmune, al servicio de las fuerzas más retrógradas de la nación. Ese camino, tan cerca presente, ha enlutado y llenado de tragedia a otros pueblos, a otros países.
Queremos que esa transformación necesaria se haga de manera pacífica y democrática y estamos, por ello, amparados en la legalidad, nuestra y universal: La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado. (Artículo 2 de la constitución). Se garantiza el principio de la participación ciudadana. (Artículo 5). Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación de los hondureños en la vida democrática del país para ejercer sus derechos. (Art.45). Se establece que la persona humana es el fin supremos de la sociedad y del estado y debe protegérsele y defendérsele. (Art.59). Que los hondureños tienen derecho a la libertad de opinión y a la libre cocirculacion de las ideas. Que los ciudadanos tienen derecho a la libertad y hacer todo lo que no esté taxativamente prohibido. (Arts.64.70.71) Y finalmente se basa en la Ley de Participación Ciudadana, que otorga el derecho a los hondureños a pedir al gobierno que se les consulte sobre temas de interés nacional, tomar en cuenta a la opinión pública; y que el pueblo se exprese en ésta y cualquier consulta.
LA PROPUESTA ESTÁ AVALADA POR TRATADOS INTERNACIONALES
La propuesta de Democracia Directa del Presidente Zelaya se fundamenta además en los tratados internacionales. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Americana de Derechos. En el Pacto Internacional de Derechos Legales y Políticos. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Todos ellos suscritos y vigentes en Honduras. Todos ellos garantes del ejercicio de los derechos políticos; el ejercicio de la democracia participativa y la libertad de opinión y de pensamiento.
El gobierno del Presidente Zelaya, después de la encuesta del 28 de junio remitirá un anteproyecto de ley al Congreso Nacional avalado por la opinión de los ciudadanos que se expresan libremente en la encuesta, para que se instale en las elecciones generales de noviembre una cuarta urna con las mismas prerrogativas que las tres urnas que marca la ley y en la que los hondureños y hondureñas podrán decidir si quieren o no la instalación de una asamblea nacional constituyente para dictar una nueva constitución que nos permita, en base a un nuevo pacto social de todo el pueblo, enfrentar con responsabilidad de éxito los retos del siglo XXI.
La garantía de que esta propuesta es legítima lo da el hecho de que éste ha sido el gobierno más exitoso desde que se retorno a la democracia hace 30 años. Que ha propiciado un mayor crecimiento económico. Este gobierno es el que ha logrado una mayor reducción de la pobreza y, junto con el desarrollo económico y la libertad de empresa, ha hecho posible que se beneficien también a los más pobres e indefensos del país. Este gobierno ha sido el más exitoso porque ha llevado a cabo acciones concretas a favor de las mayorías y de las clases medias, como la matricula gratis, la merienda escolar, la reducción de tasa de los intereses bancarios, la baja precio del precio de los combustibles mediante cambio de fórmula. Mantiene la energía más barata de Centroamérica. Ha implementado un salario mínimo digno para la clase trabajadora, sin que hasta este momento se haya decretado un solo impuesto o ‘paquetazo’. Este gobierno ha salvado a la ENEE; ha garantizado la protección del bosque y del medio ambiente; ha impulsado proyectos sociales con los acuerdos de Petrocaribe y la ALBA. Este gobierno ¡no ha devaluado la moneda! Ha instaurado por primera vez en la historia del país una política exterior independiente y soberana de puertas abiertas con todos los pueblos y países amigos del mundo.
Sin embargo sabemos que todo eso no es suficiente. Que nuestro sistema político y social requiere transformaciones importantes que nos permitirán rescatar los sectores estratégicos de nuestra economía, modernizar y adecuar los servicios públicos y las empresas estatales en función del desarrollo del país. Un sistema económico en el cual el ser humano sea el fin y el eje principal de nuestro desarrollo con énfasis en un estado incluyente de los pueblos y culturas indígenas nacionales, en la equidad de género y el respeto de los derechos ciudadanos. Que disminuyan las asimetrías sociales, económicas y culturales. Que nos garantice el ejercicio de nuestras libertades políticas en multiplicidad de ideologías, creencias y fundamentos. Que se democratice a los medios de comunicación. Que garantice el usufructo de nuestros recursos naturales en función del beneficio colectivo y que sean permanentes los mecanismos de la Democracia Directa en beneficio de una patria para todos, con una constitución y una Honduras en pleno dominio de su pueblo.
Año de la Democracia Directa en Honduras.
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